miércoles, 14 de abril de 2010

La Querella de las Investiduras (II).

Con la llegada a la cátedra papal del monje Hildebrando, que será conocido como Gregorio VII en el año 1075, entramos en uno de los papados más intensos del Medioevo. Gregorio VII tendrá en mente la renovación del poder de los Papas, que en los últimos tiempos, había entrado en una fuerte crisis. Con la caída del Imperio Carolingio, Roma se encontró sin apoyos que pudieran asegurar su continuidad, por lo que reconociendo esa debilidad, los Papas pidieron ayuda a los emperadores otónidas del Sacro Imperio Germánico. Hasta tal punto, que Otón III se instaló en Roma durante el papado de Silvestre II, a la par que reestablecía los cargos de la antigua Roma, como los cónsules, los senadores…Aquello se percibió como un posible renacimiento de la Santa Sede, pero la muerte de Otón III en 1002 truncó esas esperanzas, dejando un panorama en el que el Papa estaba a merced de los intereses imperiales. La llegada al poder de la dinastía Salia en el trono imperial supondría la primera pieza del rompecabezas político que supuso la Querella de las Investiduras.
Gregorio VII, al publicar “Dictatus Papae”, dejó bien claras sus intenciones, que se basaban en un principio único: el Papa es la autoridad suprema de la Cristiandad, tanto en su dimensión temporal como la espiritual. Establecía, por ejemplo, que sólo el Papa dispone de las insignias imperiales, que todos los príncipes deberían besar única y exclusivamente los pies del Papa, que el Papa podía deponer al Emperador y que podía desligar a los súbditos de su juramento de fidelidad a un soberano injusto, aparte de establecer claramente que quien no perteneciese a la Iglesia de Roma, no sería católico. Como podemos ver, desde luego, es un ataque enérgico contra la situación que rodeaba al Papado en aquellos años y fue la base de todo el poderío que alcanzarían sus sucesores en la silla de San Pedro posteriormente. Además de esto, también estableció fuertes medidas para acabar con la simonía (venta de cargos eclesiásticos) y el nicolaísmo (relaciones sexuales por parte del clero) que eran los grandes vicios de la Iglesia medieval y promovió una reforma que instauraría definitivamente el código del caballero cristiano.
Las reacciones no se harían esperar. Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Germánico, vio las cláusulas de Dictatus Papae como una agresión directa a sus derechos, especialmente, en un aspecto en concreto. Era habitual que en el Imperio, a la hora de nombrar o investir nuevos obispos, el Emperador otorgase dicho cargo y todos sus símbolos (el anillo o el bastón) a la persona que iba a ser obispo. Este hecho, que pueda parecer algo trivial, no lo era, ya que implicaba que era el Emperador, y no el Papa, quien daba el permiso para el desempeño del cargo. Enrique IV no accedió a las reformas que desde Roma se planteaban, por lo que el Papa amenazó al Emperador con excomulgarlo. La excomunión no era una cuestión baladí en una época en la que los europeos, fuesen de donde fuesen, por encima de todo, eran cristianos y por tanto, obedecían al Papa. La excomunión suponía que el pueblo podía rebelarse contra su rey. La reacción de Enrique IV fue la siguiente. Se rodeó de obispos alemanes que estaban a su favor, convocando un sínodo en Worms en 1076, para declarar nulo el nombramiento papal de Gregorio VII. Sin embargo, Enrique IV comprendió que se había formado en su contra un frente de príncipes que podía ser peligroso para sus intereses. Así que tomó una decisión, que se conoció “la Humillación de Canossa”, de 1077.
Canossa era un castillo situado en el norte de Italia. La historia cuenta que Gregorio VII esperó al Emperador en el interior de dicho castillo, obligándole a ir descalzo por los caminos ataviado con una mísera ropa, sufriendo el rigor de los elementos en su carne. Para aumentar aún más la pena, el Papa se negó varios días a abrirle las puertas del castillo a Enrique IV que esperaba en el exterior a que Gregorio VII cambiase de ideas. Finalmente, éste le permitiría el acceso y forzándole a tirarse en el suelo delante de él como gesto de sumisión, le absolvió de sus pecados y le incorporó de nuevo a la fe de Roma. Este suceso, “La Humillación de Canosa”, ha sido considerada tradicionalmente como una victoria del Papa sobre el Emperador, pero en opinión de algunos autores como Isnard Wilhelm, en realidad fue una treta del Emperador para aparecer ante la Cristiandad como un rey justo y no como un enemigo de la Fe.
Pero la historia sigue. Gregorio VII siguió apoyando a los príncipes contrarios a Enrique IV, tomando parte por el duque de Suabia concretamente y excomulgando de nuevo a Enrique IV. Pero el Emperador movió fichas inteligentemente. Convocó de nuevo un sínodo en Brixens, en 1080, deponiendo a Gregorio VII y reconociendo a Wiberto de Ravena como Clemente III. Enrique IV invadirá Roma en el año 1084, y allí, Clemente III le nombrará de nuevo Emperador. Gregorio VII tuvo que escapar de la Santa Sede, buscando la protección de los normandos en Salerno, donde moriría en el año 1085.
Parecería que el Papado, de nuevo bajo el poder imperial, no daría más quebraderos de cabeza al Emperador. Pero no fue así. Los obispos europeos no reconocieron a Clemente III como Papa, y por esto, eligieron a uno nuevo, Víctor III, que murió en el mismo año que fue nombrado Papa, así que fue sucedido por Urbano II, quien siguió presionando en la línea que marcase Gregorio VII años atrás. Enrique IV no pudo mantener el ritmo de la Querella de las Investiduras, por lo que decidió que el asunto ya debía pasar a manos más jóvenes, abdicando en su hijo Enrique V.
Con Enrique V llegará el fin de la Querella. Enrique V intentó llegar a un acuerdo en Sutri con Urbano II, estableciendo que el Emperador renunciaría a nombrar obispos mientras que los obispos perderían el derecho a disfrutar de concesiones temporales por parte del Emperador (regalías). Sin embargo, esta medida no prosperó, así que Enrique V, deseoso de terminar con el problema, obligó al Papa por la fuerza a que le devolviese sus derechos de investidura y a nombrarle Emperador en Roma en el año 1111.
Ese acto de fuerza irritó de nuevo a los obispos de la Cristiandad, que bajo el papa Calixto II, buscaron la forma de concluir el problema. Finalmente, en 1122, en el Concordato de Worms, se llegaría a un acuerdo:
- El Emperador permite la libre elección de obispos y renuncia a la investidura de los obispos entregando el anillo y el bastón.
- Sin embargo, el Emperador concederá las dotaciones temporales a los obispos mediante símbolos temporales (por ejemplo, si concedía la provisión de tierras, entregaba al obispo un puñado de tierra).

Si tuviéramos que tomar una terminología futbolística, diríamos que el encuentro se saldó con un empate. Por un lado, el Emperador perdía el derecho de dotar espiritualmente a los obispos, favoreciendo al Papa así, pero por otra parte, mantenía el control del obispado, ya que sin tierras de las que poder vivir, ninguna concesión espiritual podría mantenerse. Es decir, que el patrimonio de la Iglesia dependería directamente del poder temporal, y eso no era algo baladí.

BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA:
WILHELM FRANK, ISNARD: “ Historia de la Iglesia Medieval”.
DE MOXÓ, S: “ Los Estados Pontificios (I)”.
VV.AA: “La Inquisición: tribunal contra los delitos de Fe”.

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